Vicente Atela, Juez en lo Civil y Comercial (Juzgado N°2) de La Plata, fue entrevistado por Vive y aseguró que el actual sistema de justicia de la Provincia está “transitando dificultades edilicias y de infraestructura, aumento de cargos vacantes de jueces y ministerio público (fiscales, defensores, asesores de incapaces), sumado a las cuestiones salariales”. Además, detalló los casos más frecuentes en materia de defensa del consumidor en la justicia declaró que se ha avanzado muchísimo al respecto.
-¿Cómo ves el funcionamiento actual del sistema judicial en la Provincia? ¿Cómo se puede resolver el problema de las vacancias?
El poder judicial de la provincia de Buenos Aires está en una situación compleja como consecuencia de años de desfinanciamiento, transitando dificultades edilicias y de infraestructura, aumento de cargos vacantes de jueces y ministerio público (fiscales, defensores, asesores de incapaces), sumado a las cuestiones salariales. Con ese contexto sigue funcionando y dando servicio en un contexto de pandemia por Covid 19. En el caso del fuero civil y comercial de la provincia de Buenos Aires nunca detuvo su actividad, aún en el peor momento de pandemia, innovando en criterios innovadores como ha sido la notificación de traslado de demanda por carta documento, la notificación mediante la utilización de código QR, la realización de video audiencias por plataformas remotas, etc. Todo ello ha permitido que el servicio de justicia funcione y dé respuesta a los justiciables. En materia de vacantes por ejemplo en el fuero civil y comercial de La Plata se encuentran vacantes y a la espera de concurso para su cobertura los juzgados 8,9,13,23 y 27, en el fuero contencioso administrativo el 1,2 y 3 (solo tiene titular el 4) y otro tanto ocurre en el fuero de familia. Se trata de vacantes en cantidades que comprometerán el funcionamiento regular porque dichas vacantes se tardan años en su cobertura y ello resiente la respuesta del sistema de justicia. Al tratarse de tantas vacantes la solución definitiva y final así que el consejo de la magistratura y el poder ejecutivo resuelvan las propuestas que envían a la legislatura en trámites que no deben demorar más de seis (6) meses, ya que al ser designaciones complejas en que intervienen consejo magistratura, poder ejecutivo y poder legislativo (porque así lo dice la constitución) igualmente deben ser concursos más ágiles y con tiempos acotados. Hoy la cobertura de cargos están demorando no menos de 3 a 4 años, solo basta con leer la realidad. Esa sería una soluciones posible, y otra es aumentar la cantidad de cargos del cuerpo de magistrados suplentes, que han sido creados por constitución para cumplir la función de reemplazo en situaciones de vacancia, pero hoy al ser tantas las vacantes no alcanza ese cuerpo suplente.
-Estamos en época de feria. Haciendo un balance del 2021, ¿cómo ha sido la actividad en tu juzgado?
En mi Juzgado Civil y Comercial de La Plata durante el 2021 se ha normalizado casi a pleno los procesos judiciales, logrando que el nivel de sentencias y resoluciones sea muy similar comparado con el año 2019. Aún así se observó un incremento del 20 % de nuevas causas judiciales, fundamentalmente sucesiones y acciones de amparo. La actividad jurisdiccional se ha adaptado a la realidad que impone la pandemia, utilizando las herramientas tecnológicas para hacer que las causas continúen hasta su sentencia. Desde notificaciones mediante código QR, la digitalización total del proceso, las comunicaciones oficiales por correo electrónico, la constitución de domicilios procesales electrónicos, entre otras innovaciones, todas con la ayuda de la tecnología permiten que el servicio de justicia se preste. Ya hasta un espacio del conocimiento jurídico ha nacido como es el derecho procesal electrónico. En síntesis el resultado es positivo porque se ha adaptado el sistema de justicia a la nueva realidad y lo ha resignado su función constitucional, adaptándose a innovando a la nueva realidad. Igualmente quedan cosas pendiente que mejorarán aún más, teniendo siempre en cuenta que el poder judicial bonaerense es el más importante del país en cuanto a cantidad de funcionarios, volumen de causas y complejidad, y su estructura, solo superada en Sudamérica por el poder judicial de San Pablo.
-En materia de defensa al consumidor, ¿crees que la justicia ha avanzado o aun queda un trecho?
En materia de derecho del consumidor se ha avanzado muchísimo, ello ha sido favorecido no sólo por la constitucionalización del derecho del consumidor sino también con el nuevo código civil y comercial de la nación (entró en vigencia 1/8/15). Hoy la persona humana es esencialmente en sus relaciones de la vida cotidiana un “sujeto consumidor”. Todo lo que contrata o compra lo pone como consumidor o usuario, solo basta un ejercicio y ver todos los actos de la vida cotidiana como ser empresa de servicios de luz, gas, teléfono, internet, compra on line de cosas, contratación de paquete turístico, crédito financiero, autoplan de ahorro, etc. Casi todos los actos de la vida moderna terminan atravesados por la legislación del consumidor. La ley nacional 24.240 y la ley provincial 13.133 establecen procedimientos administrativos para reclamos. Como una instancia de solución de litigio de consumidor, y evitar su judicialización. No siempre se logra y mucho más en esta época pandémica, habiéndose judicializado cuestiones vinculadas a paquetes turísticos, viajes de egresados, compra ventas on line, o cuestiones como ha sido las estafas bancarías mediante defraudaciones (phishing). Se ha avanzado mucho, pero es un camino que está andando en los tribunales generándose nueva jurisprudencia tendiente a proteger al consumidor como el más débil del negocio jurídico. También es de destacar que en el congreso se encuentra hace dos años en estudio un nuevo código de derecho del consumidor que profundiza y moderniza el sistema legal de protección del consumidor, aguardándose que prontamente se sancione.
